Como una acción que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos calificó la Corte Constitucional las acciones de los bancos que ordenar embargos contra cuenta pensionales.
Bajo esa premisa el Alto Tribunal le pidió a los banco y a las alcaldías del país para que en adelante eviten ordenar acciones legales en contra de dichas cuentas.
En su pronunciamiento la Corte Constitucional sostuvo que con ese tipo de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se afecta directamente el mínimo vital y la vida digna de las personas pensionadas y de su núcleo familiar.
La Corte fijo su postura mediante un fallo de una tutela a favor de una mujer de Itagûí a quien la Alcaldía de ese municipio le ordenó el embargo su cuenta como un cobro coactivo por no haber cancelado a tiempo el valor del impuesto predial.